“La violencia de género es un tema de desigualdad de poder, es político”

Laurana Malacalza, Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, analizó el panorama de esta problemática y sus abordajes en la actualidad

Recientemente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer su informe de “Derechos Humanos en la Argentina 2016”, en el cual incluyó un capítulo titulado “Ni una menos. La violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral a las Mujeres”.

“Que el CELS incorpore un capítulo especial sobre violencia de género es significativo y da cuenta de la irrupción que tuvo la agenda de género en la agenda de Derechos Humanos. Es interesante para pensar articulaciones posibles de ambas perspectivas”, consideró Laurana Malacalza, Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo Bonaerense.

Asimismo, planteó: “El concepto de violencia institucional para abordar la problemática de la violencia de género permite poner las agendas en diálogo, cuando en Argentina históricamente estas han ido por carriles distintos. Los organismos de DDHH más tradicionales han sido resistentes a incorporar la agenda del feminismo, pero la fuerte irrupción que ha generado la movilización de Ni Una Menos y la importancia de la agenda de género en la agenda pública ha repercutido gratamente en la agenda de DDHH”.

En diálogo con "Nada personal" por Radio ArinfoPlay, Malacalza comentó que el capítulo del informe del CELS aborda la violencia institucional desde una perspectiva de género y de DDHH, y que incluye las temáticas de la violencia sexual en las unidades carcelarias y el hostigamiento y agresiones que sufren las mujeres que integran las fuerzas de seguridad.

“En las currículas de formación del servicio penitenciario y del ministerio de Seguridad se han incorporado temáticas vinculadas a perspectiva de género y de DDHH, pero, luego, no hay seguimiento por parte de los ministerios sobre cómo se cumple en la práctica de las fuerzas los estándares que se establecen en las capacitaciones. No se evalúa cuánto impacta la formación en la práctica. Esos contenidos después se ponen en diálogo con ciertas burocracias y prácticas institucionales que hacen imposible que se cumplan y en otros casos no”, sostuvo.

La coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo Bonaerense dijo que desde el organismos están “muy preocupadas” en torno a las definiciones de políticas públicas en materia de violencia de género.

“No vemos que se avance en definiciones que modifiquen el paradigma de propiciar la denuncia y del abordaje más judicial de la problemática. Es un modelo que se ha instalado desde el año 2000, en el cual la única tramitación que hace el Estado es a través de la Justicia, con todas sus problemáticas para ejercer medidas de protección, sin articulación con el Ejecutivo. No se están definiendo políticas públicas integrales, que hagan efectivas las medidas de protección y que nos den herramientas a las mujeres para generar un proyecto de vida autónoma, que permita salir de una relación o de un contexto de violencia”, reclamó Malacalza, y precisó que estas carencias se dan tanto a nivel nacional como provincial.

La funcionaria recordó que, al asumir, las nuevas autoridades anunciaron la puesta en marcha de un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el cual aún  no se ha hecho público. También exigió que se construyan los refugios prometidos en el territorio bonaerense, donde diariamente se realizan unas 600 denuncias por violencia de género y demanda de protección.

“La reducción del empleo público hizo que muchos equipos profesionales no renovaran los contratos y se achicaran. Esto no se ha revertido. Estamos preocupados, tratando de generar estrategias para que se defina esto que desde el movimiento reclamamos hace muchos años: políticas públicas integrales que articulen instancias de Justicia con los Ejecutivos para dar respuestas cuando una mujer necesita pensar un proyecto de vida autónomo”, recalcó.

Malacalza señaló que “esto no depende de un cambio legislativo”, sino de “voluntad política plasmada en presupuestos acordes para las áreas y jerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres y de los consejos provinciales”.

“La violencia de género es un problema cultural, social y sobre todo de desigualdad de poder. Es un tema político entre los géneros y requiere de soluciones políticas”, concluyó desde los micrófonos de Radio ArinfoPlay.

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