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Padres de víctimas de Cromañón trabajan por una nocturnidad segura

La Asociación Civil Familias por la Vida tiene un convenio con la AGC para agilizar las denuncias e inspecciones en locales y boliches porteños




La Asociación Civil Familias por la Vida es una entidad conformada por sobrevivientes y padres de víctimas de la tragedia de cromañón, que velan por el cumplimiento de las normas en la nocturnidad de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se dedican a buscar que la Justicia actúe rápido ante irregularidades.

“Nosotros recibíamos denuncias de lugares con situaciones similares a Cromañón, pero estas caían en la línea de teléfono 147 junto a otras de todo tipo. Las relativas a la nocturnidad quedaban mezcladas y muchas veces no se tomaban las medidas necesarias para solucionarlas. En la Agencia Gubernamental de Control (AGC) el abordaje del tema dependía de quién estaba el frente del organismo”, recordó Nilda Gómez, Presidenta de la entidad y madre de Mariano, una de las 194 víctimas que dejó el incendió en el boliche.

Recientemente, se cumplieron dos años del convenio que la Asociación firmó con la AGC para tratar de agilizar los procesos relacionados a la nocturnidad. Gómez aseguró que el titular del organismo gubernamental, Juan José Gómez Centurión “le dio la importancia que el tema tiene y ayudó mucho”.

“Nosotros hacíamos denuncias permanentes de lugares que no cumplían la normativa y que ponían en riesgo la vida de los concurrentes: falta de salidas de emergencias, algunas obstruidas, falta de matafuegos, etcétera.  Los empresarios siempre buscaban maximizar la ganancia con estas cosas. Nosotros queríamos la posibilidad de que estas denuncias no fueran a parar con todas las otras, sino que fueran directamente al cuerpo de inspectores de la nocturnidad. Entonces, a esta idea se le dio forma  través de un convenio de colaboración que obliga a la AGC a recibir la denuncia y a darnos a nosotros una respuesta dentro de los 15 días”, explicó la Presidenta de la Asociación al programa “Urba-NOS” en Radio ArinfoPlay.

En esa línea, agregó: “Desde la AGC le dieron mucha importancia al tema, pero nos encontramos con otro problema: cuando llegaba la inspección al lugar, no venía la policía o se clausuraba y en un rato abrían nuevamente porque los fiscales no tomaban las cosas con la seriedad necesaria. Por eso tuvimos una reunión con el Ministerio Público Fiscal y así se avanzó mucho más en el control. No sobre las personas, sino sobre la infraestructura”.

Al 30 de junio de 2015, y en el marco del convenio, se han recibido 1484 denuncias, de las cuales 400 terminaron en clausura del local y muchas otras, con multas. Hasta hace algunos años, los dueños de los boliches violaban la clausura porque la multa por hacerlo era tan solo de 2 mil pesos. Eso se reformó y, a través de una ley de la Legislatura, se llevó a 60 mil.

Respecto a lo que ocurrió en el 2014 con una gran cantidad de centros culturales clausurados por la AGC, Gómez comentó: “El año pasado hubo muchas denuncias. Hay muchas irregularidades. Cuando se puso la vista sobre el tema, muchos dijeron que era persecución a la cultura o que estábamos en contra de los jóvenes. Nada de eso era real. Los centros culturales a veces disfrazan un emprendimiento económico para algunos. No queremos que se cierren todos los lugares, simplemente que se acomoden a la normativa para no poder en riesgo a nadie”.

La madre de Mariano destacó que los jóvenes suelen darse cuenta de las irregularidades y que denuncian rápidamente vía mail o por teléfono. También colaboran muchos los sobrevivientes y amigos de víctimas. “Ya no hay denuncias falsas, todas sirven y se les da curso”, afirmó desde los micrófonos de Radio ArinfoPlay.

Finalmente, Gómez aseguró que la ‘Lógica Cromañón” persiste en los empresarios: “El comerciante quiere dinero fácil y rápido, y el músico quiere fama. Se juntan estos dos elementos y, si desde el Estado no hay cuidado permanente para que las normas se cumplan, los chicos vuelven a correr riesgos”.

 


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