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A diez años de la desaparición de Florencia Pennacchi

Familiares y amigos reclamaron por la aparición de la estudiante con un festival musical. Reiteraron la teoría del secuestro a manos de una red de trata




El lunes 16 de marzo se cumplieron diez años de la desaparición de Florencia Penancchi, la joven estudiante de Ciencias Económicas de la cual nada se sabe hace una década. Para exigir por su aparición y para que no se congele la búsqueda, ese día se hizo acto de familiares de chicas desaparecidas por redes de trata frente a Tribunales. La jornada incluyó un festival musical  con bandas como Salta la banca y Las manos de Filippi.

“La familia de Florencia también dio una conferencia de prensa. Eso permitió que el caso pueda volver a resonar en los medios, ya que está un poco congelada la causa y la idea es que pueda volver a instalarse. La madre denunció allí algo que se entrelaza con la situación política actual: Raúl Martins, que era el segundo de la SIDE con Stiuso, es un agente que fue denunciado por su propia hija por tener prostíbulos y mantener la trata. Es decir, lo denunció por proxeneta su propia hija. Hoy la madre de Florencia denuncia que mientras este hombre la entrevistaba cuando ella estaba desesperada por la desaparición de hija, al mismo tiempo era el dueño de Cocodrilo, un boliche conocido en la sociedad. La madre sabe, porque estos casos se siguen a partir del boca en boca porque las fiscalías no suelen investigar las líneas que propone la querella, que Martins mantenía la gerencia de Cocodrilo, uno de los boliches donde estuvo Florencia secuestrada. A Florencia se la vio allí”, sostuvo Carolina Fernández, Consejera Superior de la UBA e integrante de la Secretaría de la Mujer de la FUBA.

En diálogo con “Epicentro” por Radio Arinfo, la estudiante abonó la teoría de que Florencia fue secuestrada por una red de trata y denunció la participación del Estado: “Cuando estos casos están en el tapete, a los familiares les suelen llegar una serie de comentarios o incluso gente que ve a las chicas en determinada situación. Cuando eso sale a la luz, a la chica se la corre. Ahí entra el Estado, incluso desde las instituciones donde se hace documentación. ¿Cómo si no es que pasan las chicas las fronteras?”.

“El caso de Florencia, como la gran mayoría de los casos de secuestro para explotación sexual o laboral de mujeres, rápidamente en comisarías o fiscalías es caratulado como fuga de hogar, como pelea con algún familiar o escape con el novio. Es muy difícil en las primeras horas, aún hoy, que las comisarías lo tomen como desaparición forzosa. Hay un prejuicio abonado por el propio Estado. Además, las redes de trata, si no fuera por la connivencia con el Estado, sería imposible que funcionen”, agregó.

En la actualidad, la familia de Florencia aún está peleando para cambiar la caratula de la causa a “Desaparición forzada” ya que, transcurridos diez  años, sigue como “Desaparición del hogar”. Además, se pusieron en contacto con Lorena, la hija de Raúl Martins, quien está radicada en Europa ya que se fue del país después de la denuncia.

“La trata de personas es el tercer negocio, junto con el narcotráfico y el armamento, más grande a nivel mundial. Por supuesto, ilegal. Es un negocio que mueve mucho dinero y que blanquea sus cuentas a través de casinos y bancos. Es muy profundo el problema. Uno camina por Corrientes y en cada poste de luz tiene papelitos con direcciones y teléfonos de oferta sexual con un policía está parado al lado”, criticó Fernández desde los micrófonos de Radio Arinfo.

Finalmente, la dirigente del PO fue dura con el Gobierno nacional por su accionar ante estas desapariciones de mujeres y niñas con fines de explotación sexual: “El caso de Florencia es uno en miles, lamentablemente. La difusión de estos casos es fundamental. Existen prejuicios de que estas son solo cosas que les pasa a las chicas de los barrios más alejados o abandonados, pero Florencia era una chica de la universidad que hace diez años que no regresa. El Gobierno habla de la década gana, pero para Florencia, su familia y todas las familias que pierden a sus hijas en manos en las redes de trata, no lo es. Hay responsabilidades políticas en todo esto, no es simplemente una cuestión administrativa”.

 


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