Polémica por el aumento del precio del acarreo en la Ciudad

Eduardo Epszteyn, auditor general de la Ciudad, sostuvo que el funcionamiento de las empresas de grúas es irregular y anticipó que lo denunciará en la Justicia

El pasado lunes, el aumento del acarreo por mal estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 450 a 580 pesos, lo que implica un aumento del 29%. Esto trajo grandes quejas, sobre todo, por parte de funcionarios opositores al Gobierno de Mauricio Macri, quienes denunciaron las enormes ganancias que hoy tienen las dos empresas que manejan el servicio de grúas.

“El aumento no resulta lógico. La concesión está en el límite de la legalidad, ya que está vencida desde el 2001 y nunca se volvió a licitar”, sostuvo Eduardo Epszteyn, auditor general de la Ciudad.

En esa línea, planteó: “El aumento permanente del valor del acarreo, los niveles importantes de subsidios que reciben estas dos empresas por parte del Gobierno de la Ciudad (desde 20110 a la fecha han recibido más de 170 millones de pesos), las ventajas que se les dan, el valor de canon bajísimo que abonan por la concesión (55 mil pesos, algo que no guarda relación con los ingresos que tienen). Todo esto hace que la situación sea de suma irregularidad”.

En diálogo con “Puente urbano” por Radio Arinfo, Epszteyn apuntó contra el subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, y contra el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, por la continuidad de estas irregularidades.

“Dietrich debería apurar la licitación para adjudicar o estatizar el servicio. Hay una ley que lo manda así y el plazo máximo para que la Ciudad recupere el control del acarreo está entre el 15 y el 20 de enero de este año. Al momento no hay ningún acto administrativo en ese sentido y eso es infringir la ley”, señaló el auditor de la Ciudad.

El ex Legislador porteño también anticipó que en el mes de febrero presentará una denuncia en la Justicia por las irregularidades generales del servicio de acarreo (no por el aumento).

“Cuando uno analiza el accionar del gobierno de Macri respecto a esto, se encuentra con unos niveles de opacidad muy grande. Hay dificultades para conseguir la información del funcionamiento de este contrato porque muchas de las actas firmadas con las empresas no están publicadas. Tampoco me consta que haya habido intervención de la Procuración, que es el control de la legalidad que por ley está obligada a hacer la Ciudad. Además, Dietrich le dio a las empresas la posibilidad, o la obligación, de salir a acarrear autos en la zona de Puerto madero, que nunca formó parte del área concesionada. Es decir, esta es una lógica más de patrón de estancia o de funcionamiento de un privado, que una lógica de Gobierno o de Estado”, finalizó Epszteyn desde los micrófonos de Radio Arinfo.  



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